Las declaraciones del contralor general en su presentación ante la comisión de Educación de la Cámara de Diputados pusieron énfasis en la urgente necesidad de que el Estado tenga especial preocupación en el escrutinio de los recursos públicos dentro de la totalidad del sistema de educación superior, independientemente de la condición pública o privada de la institución que los reciba.

Se debe mejorar el control y niveles de transparencia de las instituciones que reciban fondos fiscales. No es posible que el uso de los recursos asociados al CAE mantengan opacidad y sigan siendo una especie de “botín” que les permita a ciertas entidades seguir operando sobre la base de costos difusos para la sociedad en su conjunto.
El llamado del contralor es a tomar las medidas pertinentes para asegurar que los recursos sean invertidos en lo que debe ser una prioridad país; alcanzar una educación superior de calidad en la que prime la búsqueda del interés general por sobre cualquier otro tipo de intereses particulares. Esto es de absoluta coherencia con el triple rol de provisión, fomento y regulación que debe cumplir el Estado.

En su rol proveedor, debe ser capaz de generar los servicios de educación superior a través de sus propias instituciones, asegurando las modalidades y volúmenes de financiamiento adecuados para ello, ligados principalmente con el subsidio a la oferta, vía aportes basales.

Así, debe apoyar a aquellas entidades privadas, colaboradoras de la función educativa del Estado, que cumplan satisfactoriamente los parámetros definidos en esta materia. En su rol regulador, el Estado debe lograr que todas las instituciones se ciñan a los estándares de calidad, transparencia y escrutinio ya mencionados.
El posible perfeccionamiento del proyecto de ley de Reforma a la Educación Superior presentado por el Ejecutivo, a través de una indicación sustitutiva constituye una ventana de oportunidad para dar mayor vigor a las entidades públicas competentes para llevar a cabo estas tres funciones.

Entre otras, tanto la Contraloría General de la República como la futura superintendencia y el Consejo para la Transparencia deberían tener mayores ámbitos de competencia reguladora en ello.

Columna en La Segunda – VER AQUÍ