Analizar y entender el presente al interior de las cárceles chilenas en la crisis sanitaria fue el objetivo principal del tercer conversatorio “Protección de derechos y privación de libertad en el contexto de la emergencia”, en el marco del ciclo de conversatorios online que organiza el Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

La actividad tuvo como expositor al abogado y jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública, Tomás Pascual, quien enfocó su intervención en las declaraciones emitidas por organismos internacionales de Derechos Humanos para los sistemas penitenciarios en tiempos de pandemia, la reacción de Chile y otros países, para evitar contagios entre personas privadas de libertad y los desafíos que se presentan en el contexto actual.

De acuerdo a lo señalado por Pascual, las personas privadas de libertad representan un grupo de especial cuidado para que una crisis sanitaria no se transforme en una crisis carcelaria. Por ello, los pronunciamientos vinculados a órganos principales de protección a los DD.HH. – como la Comisión Interamericana, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU o la Corte Interamericana – coinciden en la necesidad de reducir el sobrepoblamiento y hacinamiento; además de disponer de alternativas a la privación de libertad.

“Ha habido una preocupación especial porque las cárceles están sobrepobladas, con condiciones de habitabilidad que, si en régimen normal no permite una vida en situación de salubridad mínima, peor es cuando nos enfrentamos a una pandemia, donde se exigen medidas adicionales que muchas veces no están disponibles”, explicó el expositor. Además, agregó que “en Chile se usa de manera excesiva la prisión preventiva – alrededor del 30% – cuyo propósito es asegurar la comparecencia del imputado y evitar su fuga”.

En ese sentido, el arresto domiciliario, arraigo nacional y firma mensual son medidas cautelares que tomaron los Estados de Derecho para descongestionar recintos penitenciarios. “Alrededor de 640 mil personas a nivel mundial fueron liberadas, destacando a Turquía que redujo a un 35% de su población penal, seguido por Chipre, Eslovenia y Portugal. En nuestro país, casi 7 mil personas fueron liberadas desde el inicio de la pandemia: en cifras aproximadas, 1.600 personas con indulto conmutativo; 1.700 personas por la comisión de libertad y la Defensoría permitió sustituir medidas de prisión preventiva a 3.700 personas”, ahondó Tomás Pascual.

Respecto a los desafíos, el expositor indicó que la crisis sanitaria por Covid-19 ha visualizado otras fragilidades del sistema penitenciario “donde hay incapacidad para resguardar y asegurar el ejercicio y goce de ciertos derechos, por lo que hay que trabajar en que se cumplan las condenas con apego a los principios de reserva legal, que permita hablar seriamente de reinserción, sino, finalmente, la pena privativa de libertad termina siendo retributiva y no socializadora, como lo debiese otorgar un Estado de Derecho”.

En relación a la actividad, el director del Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía, Víctor Osorio, explicó que “considerando las complejidades y nuevos desafíos asociados, pensamos que es importante reflexionar sobre la necesidad de la defensa y promoción de los Derechos humanos como un desafío permanente, ya que atraviesan la vida entera y son transversales”.

Para participar en los próximos conversatorios, inscríbete haciendo click aquí