Como se sabe, la UTEM tomó la decisión de interrumpir toda actividad presencial el 16 de marzo de 2020, apenas se tuvo conocimiento de la pérdida de trazabilidad de los casos de contagios con COVID–19 y se desencadenó el ciclo pandémico en el país, en un contexto en que el fenómeno había aparecido solo unos meses antes en el mundo, de un conocimiento incipiente de la comunidad científica sobre el SARS–CoV–2 y, por tanto, de la inexistencia de vacunas. La decisión se adoptó antes de que el Gobierno de Chile adoptara medidas de cuarentena y se tomaron acciones para continuar nuestras labores en forma remota.

Desde el inicio, fui partidaria de esta decisión de la UTEM, cuya pertinencia fue confirmada por el posterior crecimiento exponencial de los contagios, casos activos y víctimas fatales. Se preservó la salud y las vidas de los integrantes de la comunidad universitaria, procurando acompasadamente no interrumpir nuestra actividad con comunicación a distancia.

Hoy la situación es diferente. La investigación y el conocimiento científico han permitido el desarrollo de vacunas seguras y eficaces, más allá de toda duda razonable, validadas por la ciencia, por las comunidades académicas y por las autoridades sanitarias de Chile y a nivel internacional. Existe, asimismo, un nivel más alto de conocimiento de las características del COVID–19 y, por tanto, de las medidas sanitarias para la prevención del contagio. A ello ha contribuido, por cierto, la labor de las universidades estatales y públicas chilenas.

Conforme a los datos del DEIS, para el 6 de agosto el 82,19% de la población objetivo había completado su esquema de vacunación. Ello se ha reflejado en que, hasta el sábado 8, se reportaba un 1,5% de positividad por casos de PCR y que, en comparación con los 14 días precedentes, en todas las regiones disminuían los contagios en –34%. Ello no significa que la pandemia ha sido derrotada en forma definitiva, pero el escenario ha cambiado.

Por ello, hemos decidido un plan de retorno seguro, gradual y flexible a las actividades presenciales que sean necesarias para nuestra actividad académica, considerando todas las medidas de protección, las que estarán en permanente revisión y evaluación en mérito del diálogo con la comunidad universitaria y teniendo a la vista las evidencias científicas.

Pongo a disposición de los antecedentes considerados para adoptar la resolución indicada:

1. La Superintendencia de Educación Superior, por medio de la Resolución Exenta Nº 298, de 12 de julio de 2021, aprobó un plan de fiscalización a instituciones de educación superior, para que cuenten con una planificación para normalizar la actividad académica, en tanto lo permita el plan “Paso a Paso”. Luego, la Subsecretaría de Educación Superior, en Ordinario N° 5567 de 19 de julio de 2021, indica que “se hace un deber imperativo, de carácter ético, que las instituciones realicen sus máximos esfuerzos por retornar” a la presencialidad en el segundo semestre académico.
2. Pensamos que esas orientaciones no pueden vulnerar la autonomía universitaria, la que, conforme a todas las disposiciones legales, se entiende por el derecho de cada institución de educación superior a regirse por sí misma en el cumplimiento de sus finalidades. Por ello, ha sido prioritario escuchar a la comunidad universitaria, sus cuerpos colegiados y entidades gremiales; hemos conocido, asimismo, los planteamientos de la Unidad de Prevención de Riesgos, la Mesa COVID–19 y los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y, por último, también la experiencia de las otras universidades del Estado y públicas.
3. Nos parece evidente que la educación remota no reemplaza por completo las actividades presenciales, y que ha implicado pérdidas de aprendizaje y de desarrollo de competencias. Ha tenido, además, un enorme impacto en la titulación de las y los estudiantes, con daños para su inserción en el mundo del trabajo. Por otra parte, son notorios los efectos negativos en la salud mental de las comunidades. La evidencia confirma que la actividad presencial tiene enorme importancia para la vinculación con el medio, la investigación y la formación integral de las y los estudiantes, que es el resultado de una actividad social y colaborativa. La presencialidad es contribuyente al bienestar general de la comunidad académica.
   Por otro lado, es un imperativo ineludible de nuestra Universidad que se garantice, siempre, la protección de la vida y la salud del conjunto de todas y todos quienes forman parte de la comunidad universitaria, lo que significa un riguroso cumplimiento de todos los protocolos y medidas de seguridad que sean consistentes con el estado actual de la pandemia, según lo dispuesto por la autoridad sanitaria y las evidencias científicas.
4. Por consiguiente, hemos considerado pertinente dar inicio a un proceso gradual, flexible, seguro y por etapas de retorno a la actividad presencial en la UTEM, en forma ordenada e informada, en base a una planificación y cronograma, cautelando la calidad y pertinencia de las acciones según las diversas realidades, y evitando los riesgos para la salud.

Estimada Comunidad Universitaria, enfrentaremos este nuevo desafío en forma participativa y con diálogo, con riguroso apego a las normas sanitarias y evidencias científicas, y con la certeza que tenemos el imperativo de dar continuidad a los procesos formativos de las y los estudiantes, así como de nuestras responsabilidades con la sociedad. La clave para acometer este desafío será, como en todos los desafíos de nuestra vida institucional, la cohesión de nuestra comunidad universitaria y el compromiso de todas y todos con el fortalecimiento de nuestra Casa de Estudios.

Marisol Durán Santis, Rectora.