El 30 de agosto de 2021 fue promulgada la Ley Nº 21.369, normativa que regula el Acoso Sexual, la Violencia y la Discriminación de Género en el ámbito de la Educación Superior en Chile, lo cual, sin duda, impone una serie de procesos y de instancias de análisis que permitan aplicar, cuando sea el caso, de la forma correcta lo que indica dicha ley.

Fue en esta línea, precisamente, que se realizó la «Jornada Estrategias y Desafíos en la Aplicación de la Ley Nº 21.369, sobre Acoso en las Instituciones de Educación Superior«, la cual convocó a abogados/as y fiscales de 19 universidades integrantes del CRUCH.

La exitosa actividad fue organizada por Karla Escobar Martínez, abogada y fiscal del Programa de Género y Equidad de la UTEM; Alfonsina Peña Castro, abogada de la UMCE y Carolina Aguilar Villegas, abogada de la UFRO.

En esta jornada, se expusieron los aspectos relevantes de la ley, considerando, especialmente, los desafíos de contar con un modelo de investigación y sanción, entre otros. También se realizaron trabajos en grupos, desarrollando tres grandes temas: la Fiscalía especializada, interpretaciones y criterios para definir las sanciones, y los alcances de la potestad disciplinaria.

Al respecto, la abogada y fiscal de nuestra Universidad, Karla Escobar Martínez, nos cuenta que esta jornada les permitió, “principalmente conversar, reflexionar y debatir estrategias y desafíos respecto a la aplicación de esta Ley. Los aspectos relevantes de la misma, considerando que debemos contar con un modelo de investigación y de sanción que serán parte del acervo de la política institucional en materia de igualdad”.

Y continúa indicando que, “pese a que no tenemos respuestas tasadas, pues todas las universidades nos encontramos generando las condiciones para trabajar en este modelo como parte de una política integral, contamos hoy con una ley que visibiliza la violencia de género como un problema dentro de las instituciones, lo cual nos permite concertar un mayor compromiso en su erradicación”.

Por último, la abogada del PGE UTEM, señala que “valoro tremendamente el trabajo colaborativo, el conocer las experiencias comparadas de los y las colegas de otras universidades y de cómo seguiremos trabajando, conscientes de los efectos devastadores que trae consigo la violencia y de la responsabilidad y necesidad de incorporar la perspectiva de género y la coherencia jurídica en los procesos, en donde el género como categoría teórica nos entrega herramientas de análisis que nos permiten situarnos de manera concreta y objetiva respecto a la violencia de género”.

“Hoy tenemos un gran desafío, que nos invita a repensar lo aprendido, lo que damos por supuesto y cómo ha influido ello en las relaciones humanas. Sin duda, tengo mucha esperanza en el arduo trabajo que se nos viene, del que toda la comunidad universitaria es parte”, finaliza la fiscal de nuestra Universidad.