En su charla “La educación superior en Chile y su aporte al desarrollo sostenible” el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, saludó los 29 años de la UTEM subrayando su satisfacción “por constatar la línea de la rectora”, que señaló “en concordancia” con los criterios del ministerio.

El secretario de Estado dijo que la idea del gobierno es “instalar un horizonte y una línea en que la educación pública sea una columna vertebral sólida, que se ponga a disposición de las ciudadanas y de los ciudadanos del país”.

Apuntó que una de las consecuencias de la pandemia ha sido la develación de las inequidades. Y en el ámbito de la educación, el ministerio enfrenta las brechas escolares y de educación superior con problemáticas que también se asocian a desafíos que surgen por la crisis climática, la pobreza, la desigualdad y la salud, entre otros aspectos. De allí es que se propone el concepto de sostenible.

Ávila sostuvo que temáticas como la salud mental deben incorporarse al actual análisis educativo. “Les he señalado a los rectores y a las rectoras mi preocupación por lo que considero una crisis de salud mental que no hemos logrado pesquisar del todo y que tiene un fuerte impacto en la formación de profesionales del futuro”, señaló.

Diálogos “profundos y honestos”

Por todos los puntos expuestos es que, dijo, la pandemia ha puesto también un nuevo desafío a los Estados. Como las soluciones apuntan a que se fortalezcan las alianzas público-privadas, se requiere Estados sólidos, fuertes, que acompañen a los ciudadanos.

“Hace poco compartimos en la casa central de la Universidad de Chile el documento que analiza la transformación educativa del futuro, en el que se busca devolver el valor público de la educación, con una presencia clave del Estado en el desarrollo de importante punto”, comentó.

El ministro Ávila recordó que si bien en el pasado se quiso plantear que todo se regulara por el mercado o que sólo bastaban algunos lineamientos generales “hoy sabemos que esto no es así. Tenemos una obligación que va más allá de este gobierno para establecer un nuevo contrato social del Estado con sus universidades”, recalcó.

Puso como tarea procesos de diálogo “profundos y honestos” para delimitar funciones y tareas de las universidades en el proyecto país y en el proyecto educativo del país.

“Creemos que la educación superior pública acompaña nuestro país desde siempre. Y se trata de una energía y de un espíritu que potencia la República”.

Señaló que si bien la educación nació para las élites hoy debe ofrecer espacios de igualdad, acceso y disminución de brechas. Por eso, la reforma educativa de los años 80 establece una dinámica distinta en este ámbito, como es la imposición del autofinanciamiento y la mercantilización del sector.

Desarrollo humano sostenible

Dijo que ese modelo aunque ha recibido ajustes durante los gobiernos democráticos, ha seguido estando lejos de los desafíos de una educación integral e inclusiva. Explicó que se produce un proceso de masificación inorgánica de la educación superior con una amplia oferta privada, con una profunda segmentación social, reproduciendo circuitos de desigualdad.

“Nos hemos planteado avanzar en las garantías del derecho a la educación, estrechamente vinculado al modelo de desarrollo y al de sociedad que buscamos como país. Debemos fortalecer la educación superior pública en una lógica de bien común y no de competencia. Una educación que esté al servicio de un desarrollo humano sostenible, que responda a los desafíos del siglo XXI”, dijo.

Señaló que la nueva dinámica también incluye mejorar las políticas de financiamiento de la educación superior, nuevas dinámicas de acceso, políticas de permanencia efectivamente inclusivas, mejorar la calidad integral del sistema, fortalecer la educación técnico profesional estatal y avanzar gradualmente a la condonación de deudas por estudiar.

Reconoció que el horizonte incluye obstáculos económicos, políticos y administrativos. “Estamos ante un escenario de estrechez económica que debemos considerar, pero queremos reconstruir las relaciones a través de este nuevo contrato social entre el Estado y las universidades, dejando de entenderlas como contrapartes para la transferencia, sino que entenderlas como colaboradoras de la función educativa”, concluyó.