En Chile residen aproximadamente un millón 200 mil extranjeros, quienes equivalen al 6,1 % de la población nacional, tal como lo precisan datos del gobierno. El inminente aumento de las cifras que derivan de la migración en nuestro país, hace necesario abordar esta temática de forma urgente, conclusión a la que se llegó tras la realización del seminario desarrollado por la Escuela de Trabajo Social de la UTEM, denominado Política Pública de Migración y su Impacto Territorial.

El encuentro, encabezado por la docente Paulina Cárdenas, reunió a expertos en estrategias migratorias y analizó en profundidad el rol que tiene la participación ciudadana, en los procesos de integración de extranjeros que residen en nuestro país.

La especialista de la Escuela de Trabajo Social manifestó que para lograr la cohesión social de las culturas que conviven en Chile, «se deben crear espacios de convivencia positiva para generar el intercambio de buenas prácticas y conocimientos». De mismo modo, agregó que «es necesario que el gobierno y todos los habitantes asumamos la integración y podamos fomentar la vinculación de las variadas dimensiones sociales, económicas y ecológicas que existen».

Otro de los oradores fue Carlos Muñoz, encargado de la Oficina de Migración de la Municipalidad de Independencia, comuna que ostenta el promedio más alto de extranjeros, quienes hoy constituyen un 30% de sus habitantes. «Desde hace años que nuestra municipalidad trabaja de forma responsable y asumió este fenómeno con un plan de desarrollo comunal, el cual permite conocer a nuestros nuevos vecinos e integrarlos de forma activa a nuestra sociedad», indicó quien fuera también el ex coordinador de la Red Chilena de Migración e Interculturalidad (Redmi), mostrando este modelo como solución.

En tanto, Vicente Rodríguez, director de la organización Migramigos, hizo referencia y criticó a la actual ley de migración, la más antigua de Sudamérica. «Esta legislación fue creada en dictadura y lamentablemente solo se encarga del ingreso, estancia y salida de las personas, sin plantear obligaciones ligadas a los derechos humanos ni a la integridad», pronunció.