La Ley 21.094, “sobre Universidades Estatales”, promulgada el 5 de junio de 2018 indica que las universidades del Estado, regidas por estatutos dictados con anterioridad al 11 de marzo de 1990, deben presentar al Presidente de la República una propuesta de modificación de su marco normativo interno.

Las universidades con estatutos posteriores a la referida fecha, como es el caso de la UTEM, no están obligadas a modificar sus estatutos, pero en todo caso, podrán presentar al Presidente de la República una propuesta de mecanismo institucional permanente que asegure la participación y la corresponsabilidad del Estado en la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional y del presupuesto de la universidad.

Ante este desafío, y considerando que la Universidad Tecnológica Metropolitana se encuentra próxima a un importante proceso de acreditación institucional, se fijó una hoja de ruta que contempló la creación en el mes de julio de un comité asesor conformado en el marco de la ley 21.094 con la misión de analizar en profundidad la Ley y emitir un informe que contiene recomendaciones que constituyen un primer acercamiento a la obligación establecida en el artículo 1 transitorio, y al mecanismo público, participativo y triestamental que se dé la institución.

El Comité, que fue conformado por 10 representantes de las distintas Facultades y de Casa Central, se abocó en profundidad a esta tarea entre los meses de julio y noviembre.

Los comisionados trabajaron en base al mecanismo de secretaría técnica, donde se expusieron los cambios normativos que se debatieron caso a caso y se llegó a un acuerdo que quedó plasmado en el documento, el cual permite que el Rector cuente con un informe técnico que permitirá iniciar la etapa participativa con los diferentes estamentos de la Universidad.

Ante esto, el Rector Luis Pinto expresó su agradecimiento a quienes formaron parte de la mesa técnica, asegurando que “presentaremos el trabajo a los distintos estamentos de la Universidad para que se realicen los análisis correspondientes al pasar por todas las instancias, tal como lo establece la Ley que nos rige desde el año pasado a las Universidades del Estado de Chile”.

De acuerdo a lo comentado por integrantes del comité, se trató de un trabajo constructivo que se evidencia en cada conclusión contemplada en el informe. “Ahora, esperamos que el análisis al interior de la Universidad sea abierto, participativo y democrático, considerando el devenir institucional a corto plazo: el proceso de acreditación 2020”, comentó Pablo Cañón Thomas, Director Jurídico e integrante de la secretaría técnica del Comité.