“Las consecuencias que ha tenido la pandemia para las universidades estatales han sido muy graves. Si consideramos los años 2020 y 2021, la cifra de déficit alcanza los 250 mil millones de pesos”. Así de profundo es el daño financiero que acumulan, las 18 instituciones agrupadas en el Consorcio de Universidades del Estado (Cuech) producto de la catástrofe del Covid-19, en palabras de su directora ejecutiva, Alejandra Contreras.

Esta grieta económica se asocia a la baja general que ha tenido la matrícula en educación superior, además de los gastos asociados a las universidades del Estado como los aportes durante la pandemia (compra de insumos sanitarios, desarrollo de investigación y entrega de equipamiento) además de la adaptación a las clases virtuales, la disminución en postgrado, entre otros.

La Ley de Presupuestos, en últimas discusiones esta semana, indica cómo y en qué se invertirán los fondos de la nación durante el año fiscal siguiente. En el contexto de emergencia económica en el que se encuentran, desde el Cuech solicitan ayuda para cubrir este déficit.

Las universidades dicen haber advertido esta posibilidad hace tiempo. Como indica la Vicerrectora de Asuntos Económicos de la Universidad de Chile, Heidi Berner: “Se ha venido planteando hace mucho tiempo la necesidad de un fondo de emergencia para que las universidades puedan contar con recursos para solventar estas crisis. Como eso nunca ocurrió, por ello, la necesidad de acceder al uso de los excedentes del Fondo Solidario, que son recursos de las propias universidades”.

Este es uno de los puntos más urgentes para las universidades estatales. Los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario (el sistema de créditos para acceso a educación superior) son el único capital al que estas instituciones pueden acceder para cubrir el déficit post pandemia. Sin embargo, durante este año se autorizaron solo el uso alrededor de 50 mil millones, cubriendo menos de un quinto del déficit total.

En este contexto, las casas de estudio piden que se autorice el uso de los excedentes acumulados en la ley de presupuestos 2022.

Con una realidad que se instaló sin aviso como la implementación de cuarentenas y aislamientos preventivos, la educación en conjunto sufrió un golpe del que aún no se recupera. En ese sentido, Contreras argumenta que debido a “la dificultad de las familias para solventar los gastos universitarios, la falta de presencialidad y otros factores, muchos de nuestros estudiantes postergaron o congelaron sus estudios”.

Esto resulta en una extensión que, para muchos estudiantes, será de al menos un año. En el caso de los alumnos con gratuidad, este año extra debe ser financiado por ellos mismos y su universidad en una proporción de 50% y 50%.

“Cubrir esa diferencia significa un tremendo impacto económico para las universidades, una pérdida de alrededor de 17 mil millones el 2021, a lo que se suman más de 13.700 millones en 2020”, señala Berner, y agrega que lo que se está exigiendo es “incluir una glosa que permita que no se contabilice el año 2020 como parte de la formación formal de las carreras”.

Por último, desde el Cuech solicitan aplazar la discusión sobre el proceso de aranceles regulados en las carreras de Pedagogía y Derecho, el que dicen fue llevado a cabo con una serie de problemas. La Vicerrectora de Asuntos Económicos U. Chile señala que “hoy hay un dictamen de la contraloría general de la república que indica que este fue un proceso poco transparente y no ajustado a la ley. El reclamo central es que la agrupación de carreras no se está haciendo bajo la norma que indica la ley que es por estructura de costos similares”.

La solicitud es prorrogar esta discusión y resolución a través de una glosa en la Ley de Presupuestos que se discute actualmente, y que postergue esta decisión hasta el próximo gobierno, para abordar de manera integral el financiamiento de las IES.