“Cuando a un individuo se le trata con dignidad y lo protegemos para que no se le vulnere, creemos que se cumple uno de los objetivos del Estado”, comentó el psicólogo Erik Marín Cuevas, docente y director del Diplomado de Seguridad Humana UTEM, en el primer seminario online organizado por esta instancia académica.

Bajo el nombre “Seguridad Humana y Prevención del Delito” la jornada contó con la participación del analista de Información Penitenciaria y docente del diplomado, José Escobar Solimano, a cargo del tema “Seguridad Humana en el contexto penitenciario: Programa de Atención a Víctimas y Testigos (AVT)”; el cientista político y docente del diplomado, Roberto Lagos Flores, quien se refirió a “Seguridad Humana y Prevención: Crisis de seguridad y rol de los municipios”; y Pedro Valdivia Castillo, coronel (r) de Carabineros y asesor de seguridad, quien habló de “Seguridad Humana y prevención: Seguridad pública y su proyección en el ámbito comunal”. Por su parte, Marín desarrolló el tema “Modelo Teórico en Victimización Penitenciaria, Programa AVT

Los diversos especialistas analizaron el actual escenario de la temática de seguridad desde sus respectivas áreas de trabajo, compartiendo visiones y análisis.

Intervención cultural

Desde el modelo de seguridad humana en el ámbito penitenciario, José Escobar dio a conocer una buena práctica que se realiza en los recintos carcelarios, refiriéndose al Programa de Atención a Víctimas y Testigos (AVT) puesto en marcha en el Centro de Detención Preventiva (C.D.P) de Santiago entre los años 2018 y 2022. La acción surge debido al aumento de la violencia al interior de los recintos carcelarios.

El experto planteó que tras la pandemia “los estándares de atención hacia la población penal han bajado y hay mayor tiempo de ocio que se correlaciona con diversas dinámicas agresivas”.

Por su parte, el director del diplomado -Erik Marín- agregó que el modelo de este programa “plantea que al interior de los recintos se producen diversos tipos de delitos, por lo que hay víctimas que no siempre se logran visibilizar para ofrecer apoyo profesional cuando son afectados por alguna agresión. Lo que nosotros hacemos es poner a la persona en el foco de atención”.

Ambos destacaron los esfuerzos que se están haciendo para cambiar la cultura al interior de los recintos carcelarios, mediante intervenciones, lo que significa un cambio de paradigma. Marín enfatizó que el trato digno cumple con el deber del Estado: “También permite cambiar la cultura y visión de los propios funcionarios, para que vean a los privados de libertad como personas a quienes hay que intervenir, con seguridad y dignidad”, señaló.

Así, el AVT es un primer acercamiento para entender y configurar los derechos humanos al interior de estos centros, visibilizando lo que está ocurriendo para reparar y mitigar los efectos de los daños causados.

Políticas públicas de largo plazo

A la hora de analizar el actual estado del país en materia de seguridad, hubo coincidencia en señalar que Chile dejó de ser una zona de paso para narcotraficantes y bandas delictivas para convertirse en punto de consumo y hasta de producción. Roberto Lagos apuntó a que se debe “poner este tema en su real dimensión, con foco en la seguridad humana y en una serie de factores”.

Por lo mismo, tanto él como Pedro Valdivia propusieron la prolongación en el tiempo de una política pública de prevención del delito que permita llevar a cabo acciones continuadas, independientes de los gobiernos de turno. De ahí -plantearon- que es importante fortalecer el rol del Estado, evitando el surgimiento de organizaciones criminales.

Lagos dijo que “es importante discutir un estatuto de protección para los funcionarios municipales, que se enfrentan muchas veces a los riesgos sin mayores cuidados. Frente a esta crisis severa, podemos avanzar con la robustez del Estado, con la prevención y anticipación. En esto, un elemento clave son las municipalidades chilenas, que pueden establecer concejos y planes de seguridad, además de trabajar con directores de seguridad. Pero aún no se ha avanzado en el papel de los funcionarios ni cómo protegerlos”.

En tanto, el experto Pedro Valdivia puntualizó que hasta ahora “no hay coherencia ni continuidad en las políticas de Estado”, haciendo un llamado a los sectores políticos y a las autoridades “a tener un rol más activo y así incorporar a todos los actores en la prevención de los delitos, instancia en la que los municipios tengan un papel más activo”.

Finalmente, los asistentes coincidieron en que es posible prevenir. Y para eso -señalaron- es necesario que las autoridades escuchen a los técnicos; que exista mayor visibilización de estos temas, con el apoyo de las universidades; y que existan más instancias de diálogo.